En nuestros anteriores
pronunciamientos, caracterizamos al gobierno del viejo Estado boliviano devenido
en Plurinacional, como un gobierno anti obrero, antipopular, anti indígena, pro
burgués y pro imperialista, con rasgos facistoídes, y que en el país no existía
ningún proceso revolucionario, sino la reorganización estatal bajo su nueva
forma, el Estado Plurinacional, mediante una nueva legislación que al final
resultó siendo igual o peor que antes fundamentalmente para los
trabajadores.
Esta reorganización estatal
con retórica antiimperialista y revolucionarista pequeñoburgués, fue el
resultado de la desviación del levantamiento popular de octubre de 2003 (a
falta de un Partido Comunista de nuevo tipo) por parte de reformistas, oportunistas y revisionistas bajo al
patrocinio de la reacción, el imperialismo y sus ONGs, hacia la sucesión
constitucional, el proceso constituyente y finalmente hacia el proceso de
cambio para consagrar constitucionalmente el modo de producción capitalista
como lo esencial, dizque de un “modelo de economía plural” (que en realidad es
el quid del denominado capitalismo andino).
En la práctica resulta
irrefutable que el gobierno del proceso de cambio, asumió una política anti
obrera desde el momento mismo en que las bases “filosóficas doctrinarias” de la
nueva Constitución, proclama el colaboracionismo de clase (jamás quisieron
reconocer la lucha de clases) a partir de la complementariedad,
reciprocidad, correspondencia y solidaridad de los actores del modelo de
economía plural, de la cual el articulador y supeditador de otros modos de
producción, incluso los de carácter pre
capitalista, es el modo de producción capitalista (ver Art. 306 CPE).
Por eso, las disposiciones
legales y administrativas del gobierno del proceso de cambio, tienen que
responder a los fundamentos filosófico doctrinarios de la nueva Constitución,
cual es el de defender el capital, defender a la burguesía (incluso a la nueva facción
emergente del la burguesía), defender a las transnacionales, y en suma defender
al imperialismo (aunque se declaren anti-antiimperialistas).
El gobierno hace tabla rasa de
las conquistas, derechos y beneficios sociales reconocidos por la anterior
Constitución y la legislación laboral, é incluso de las que formalmente
reconoce la nueva Constitución tan idealizada por los que reordenan el viejo
Estado burgués y terrateniente (aunque está muy alejada de la Constitución real de la sociedad y del
país).
Así sucede cuando la nueva Ley
General de Cooperativas (Ley 356 de 11 de abril de 2013), en su Art. 37 Parágrafo IV, Numeral 2, prohíbe el
derecho de asociación y el derecho a la sindicalización, violando la
prescripción del Art. 21 Numeral 4 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional, que reconoce el derecho a la asociación. El Art. 48 Parágrafo III dice que los derechos de los
trabajadores no pueden renunciarse y que las convenciones contrarias o que
tiendan a burlar sus efectos, son nulas. No se respeta ni la misma Constitución
cuando se trata de favorecer a los privilegiados de siempre, a cambio de
congraciarse para las próximas elecciones generales del 2014.
Las Cooperativas mineras, por
ejemplo, constituyen el sector más privilegiado no solamente por parte de este
gobierno, sino también fue privilegiado por los anteriores gobiernos
neoliberales. Están exentos del pago de impuestos, no reconocen derechos sociales
a sus trabajadores, someten a una salvaje
súper explotación a sus trabajadores, no cumplen con el seguro social,
la atención médica; y ahora se benefician con una Ley que prohíbe a sus
dependientes a sindicalizarse, incluso en contra de lo que manda la
Constitución Política del Estado Plurinacional.
Por tanto la Ley General de
Cooperativas, es anticonstitucional y absolutamente atentatorio a las
conquistas sociales de los trabajadores, que con su lucha consecuente y con
sangre lograron arrancar en el pasado a los gobiernos anti obreros, el derecho
a la sindicalización para defender sus derechos y reivindicaciones sociales. En
la larga noche del fascismo del banzerato y en los pasados gobiernos
militares, se desconoció el derecho a la sindicalización, mediante
“coordinadores laborales”, llegando a perseguir, detener y torturar a los
dirigentes obreros revolucionarios y leales a su clase cuando defendían sus derechos y conquistas
sociales. El actual gobierno acusó en el mes de mayo de este año a los
trabajadores que luchaban por una jubilación del cien por cien, de ser
golpistas y de querer asaltar al Estado Plurinacional, justificando de esta
manera la despiadada represión policial y las posteriores acciones penales en
contra de los trabajadores mineros en Oruro.
Sin embargo, al gobierno
“revolucionario” poco o nada le interesa, porque lo que viene haciendo es lo
que tiene que hacer, defender al capital, defender a la parte patronal,
defender a la burguesía y a las transnacionales. Ni la flexibilización laboral
tan cacareada por los anteriores gobiernos neoliberales, puede compararse a
semejante audacia del gobierno del Estado Plurinacional para hacer tabla rasa
de los derechos y conquistas de los trabajadores. Algún viejo exEjecutivo de la
COB, dijo alguna vez con total indignación e impotencia: “son mas malditos que
los neoliberales”.
Ni que decir del Ministerio de
Trabajo, a cuya cabeza se encuentra el “mirista” Daniel Santalla, donde los
burócratas del viejo Estado burgués y terrateniente, en lugar de defender y
proteger los derechos, reivindicaciones, beneficios y conquistas de los
trabajadores, hacen todo lo contrario, demostrando una política pro patronal y
anti obrera, sin hacer nada frente a los abusos en contra de los trabajadores
por parte de los empresarios. Sin embargo los trabajadores, debemos estar alertas y en emergencia, frente
a lo que puede hacer el gobierno en contra de los derechos, beneficios y
reivindicaciones sociales, porque viene elaborando un Proyecto de Ley General
de Trabajo, donde es probable se desconozcan las conquistas sociales de los
trabajadores.
No debemos olvidar que en el
mes de mayo de este año, ante el ascenso de la lucha de los trabajadores por
una jubilación del cien por cien, y
por la reposición del aporte
tripartito, el gobierno al no poder controlar o desmovilizarse mediante sus
infiltrados como Carlos Trujillo y otros, buscó la destrucción política de la
Central Obrera Boliviana, e incluso su sustitución por otra Central Obrera
oficialista, conformado por propietarios (transportistas, cooperativistas
mineros, cocaleros y campesinos medios y
ricos).
Los dirigentes oficialistas
infiltrados en la Central Obrera Boliviana y en otras Federaciones y
Sindicatos, en lugar de defender los derechos de los trabajadores defenderán al
gobierno “revolucionario”, y por eso jamás dirán nada frente a la política anti
obrera del gobierno, por prebendales, oportunistas, complacientes y traidores a
su clase.
La única alternativa
revolucionaria es que los trabajadores desde sus bases, se organicen o
reorganicen levantando las banderas de la defensa de los derechos, beneficios,
reivindicaciones y conquistas sociales,
las que ni siquiera los anteriores gobiernos neoliberales pudieron
desconocerlos, pero en cambio el actual gobierno dizque “revolucionario” lo
hace abiertamente, nada menos junto a sus incondicionales perros rastreros
revisionistas del Pcb de Marcos Domic y el Pc mlm de Jorge Echazú.
¡VIVA LAS CONQUISTAS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES!
¡VIVA EL DERECHO A LA
SINDICALIZACION!
¡MUERA LA POLITICA ANTIOBRERA
DEL GOBIERNO AL SERVICIO DEL CAPITAL!
¡MUERA EL REVISIONISMO!
¡MUERA CARLOS TRUJILLO Y SUS
SECUACES TRAIDORES DE SU CLASE!
¡LA REBELION SE JUSTIFICA!
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